OMBUDSMAN EN CHILE
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
En América, la figura del ombudsman encuentra sus antecedentes remotos en el llamado "Trucuyricuy" (el que todo lo ve) que existía durante el imperio inca, y debía vigilar el funcionamiento del Consejo Imperial. Luego se puede encontrar en el Protector de Indios el ejercicio de esta función.
En la actualidad subsisten a nivel global dos modalidades. El modelo sueco, el original, se centra en el control administrativo de los actos del Estado, tal como lo hace el proyecto chileno de Defensor Ciudadano, presentado durante el gobierno de Lagos.
El modelo español y latinoamericano, en cambio, es fruto de los procesos de transición democrática. Así, el Defensor amplía su rango a la protección de los DDHH. Su función tiene ese carácter en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. En la región el proceso de democratización, y el ombudsman, han marchado junto a la jibarización del Estado por las privatizaciones, desregulación económica y descentralización administrativa y se ha extendido también el control del ombudsman al ejercicio del poder de los privados. Los derechos económicos, sociales y culturales, como también a los llamados intereses "colectivos o difusos", que también son considerados en los juicios que hoy se someten a la Corte Interamericana de DDHH, están incluidos en su competencia.
En Chile, dado el panorama ya descrito, en el campo de acción del Defensor del Pueblo podrían entrar los llamados derechos de segunda y tercera generación, los derechos de las minorías de género, el derecho a la diversidad cultural e informativa, el derecho a saber, el derecho a la diversidad étnica, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a consumir alimentos sanos, entre otros que no serán cautelados por el Instituto de Derechos Humanos.
Ombudsman en Chile
Leer el caso de las cadenas de farmacias
En la actualidad subsisten a nivel global dos modalidades. El modelo sueco, el original, se centra en el control administrativo de los actos del Estado, tal como lo hace el proyecto chileno de Defensor Ciudadano, presentado durante el gobierno de Lagos.
El modelo español y latinoamericano, en cambio, es fruto de los procesos de transición democrática. Así, el Defensor amplía su rango a la protección de los DDHH. Su función tiene ese carácter en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. En la región el proceso de democratización, y el ombudsman, han marchado junto a la jibarización del Estado por las privatizaciones, desregulación económica y descentralización administrativa y se ha extendido también el control del ombudsman al ejercicio del poder de los privados. Los derechos económicos, sociales y culturales, como también a los llamados intereses "colectivos o difusos", que también son considerados en los juicios que hoy se someten a la Corte Interamericana de DDHH, están incluidos en su competencia.
En Chile, dado el panorama ya descrito, en el campo de acción del Defensor del Pueblo podrían entrar los llamados derechos de segunda y tercera generación, los derechos de las minorías de género, el derecho a la diversidad cultural e informativa, el derecho a saber, el derecho a la diversidad étnica, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y a consumir alimentos sanos, entre otros que no serán cautelados por el Instituto de Derechos Humanos.
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