ROLANDO RIVEROS VIDAL

EL LIBRO NEGRO DE LA JUSTICIA CHILENA

Por Alejandra Matus

Hace tres años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que los derechos a la libertad de expresión y de propiedad de la periodista Alejandra Matus fueron violados por el Estado chileno. Y recomendó “repararla adecuadamente”. Matus es autora de El Libro Negro de la Justicia Chilena, El mismo día que esta investigación se lanzó públicamente, el 13 de abril de 1999, un ministro de la Corte Suprema se querelló en su contra por ley de seguridad interior del Estado, lo que la obligó a abandonar el país en menos de 24 horas. En la misma jornada, miles de ejemplares de la obra fueron requisados de las librerías y las bodegas de Editorial Planeta.

Tras conocer la sentencia de la CIDH, Matus inició un proceso civil por indemnización de perjuicios contra el Estado chileno. Además, declinó enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el compromiso del Estado de cumplir con la resolución.

El ente encargado de materializar el acuerdo entre el Estado y Matus es el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En julio de 2006, el abogado de la periodista, Adil Brkovic, presentó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago una demanda por indemnización de perjuicios, punto de partida para lo que esperaban fuera una negociación con el CDE. Pero ello nunca se concretó. “Hicimos una propuesta de transacción”, explica Brkovic, “(…) pero no hubo ninguna recepción por parte del CDE. Fue un no rotundo”.

La propuesta de Matus y su abogado fue rechazada por el CDE en enero de 2008. El organismo aseguró que no hay nada que reparar. Lo más sorprendente, sin embargo, fue su alegato contra las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argumentó que se trata de un organismo mediador, cuyas resoluciones “carecen de fuerza obligatoria en el derecho internacional”. Se afirmó también que el Estado chileno ha reconocido su competencia solo para recibir alegaciones entre Estados partes y no de particulares, como es el caso de Matus. Con su resolución, por tanto, la Comisión habría violado el derecho internacional en este caso.

Pero lo anterior contradice la historia: Chile tiene tres condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la libertad de expresión (casos La Última Tentación de Cristo, Palamara y Claude Reyes), todas iniciadas por personas y no por Estados.

En este marco, Brkovic informó a la Comisión de Derechos Humanos de los obstáculos impuestos por el mismo Estado de Chile para cumplir con el compromiso. Solicitó que se envíen los antecedentes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.