ROLANDO RIVEROS VIDAL

ÑUKE MAPU PUKE WEYCHAFE
(guerreros de la madre tierra)

Día Nacional contra la Tortura

por Paulina Acevedo Menanteau

Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido por Naciones Unidas en 1997. Y ayer, en un anuncio inesperado pero del todo valorable, el gobierno informó a través de su ministra vocera, Carolina Tohá, que “de aquí en adelante” decretará el 26 de junio como el Día Nacional contra la Tortura y que enviará al Congreso un proyecto de ley para adecuar la tipificación de este delito en nuestro ordenamiento interno (art. 150 A del Código Penal). Ya que según explicó, “Esto obedece a las recomendaciones que hizo el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, para ajustar lo que dice nuestra legislación en esta materia a lo planteando en el Tratado Internacional contra la Tortura".

La ministra se refiere a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y a las recomendaciones que en mayo recién pasado le hizo al Estado chileno el Comité contra la Tortura de dicho organismo internacional, tras examinar el quinto informe periódico del gobierno dando cuenta de sus avances en la implementación plena de la Convención.

Respecto de las violaciones cometidas durante la dictadura, el Comité pidió también reabrir la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, y derogar la disposición que establece secreto por 50 años a la información Valech sobre la práctica de la tortura durante la dictadura de Pinochet y respecto de las identidades de los perpetradores. Recomendación que se une a la formulada ya en marzo de 2007, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo traslado de toda la documentación a los tribunales de justicia.

En cuanto a la situación actual, la mayor preocupación del Comité es frente a los múltiples casos denunciados en contra de agentes policiales que pueden constituir actos de tortura, en especial actuaciones abusivas “contra integrantes de pueblos indígenas, en particular, contra miembros del pueblo mapuche”. Por lo mismo pide se efectúen investigaciones “efectivas y transparentes” y “se enjuicien y sancionen a los funcionarios de la policía que cometan este tipo de actos”.

Otro de los puntos sensibles es la ausencia de una institucionalidad independiente de derechos humanos en Chile, donde no existe siquiera la figura del defensor del pueblo y el Instituto de Derechos Humanos que se proyecta, tiene serias deficiencias.

Si bien es cierto que un número importante de estas recomendaciones encuentran su freno o piedra de tope en el Congreso, ellas, en si mismas, son lo suficientemente contundentes y categóricas como para alentar un debate público intenso, que logre forzar estos procesos. Pero que no se ha hecho.

Pues hasta el momento los gobiernos de Concertación han mantenido una actitud timorata a la hora de enfrentar, de manera decidida, los resabios de la dictadura y a quiénes protagonizaron y protagonizan prácticas de tortura. Pasando de la “justicia en la medida de lo posible”, acuñada durante el gobierno de Aylwin, a la política de los “acuerdos” y de los “consensos”, primero con los militares y posteriormente con los partidos políticos.

Es de esperar que el procesamiento ayer del autor material del asesinato de Matías Catrileo, que constituye tortura en democracia, sea augurio del principio de un cambio. Sino, de nosotros depende exigirlo, para que el crimen y la tortura Nunca Más en Chile continúen instalados como una política de estado.

Fuente: El Ciudadano
Imagen: Matías Catrileo y Alex Lemun, mártires del pueblo mapuche.