La "guerra preventiva" contra el pueblo mapuche
por Lucía Sepúlveda Ruiz
En Chile se han instalado mecanismos que obedecen a la lógica de la “guerra preventiva”, que divide al mundo en enemigos y amigos. En las filas de los “enemigos”, para el Estado chileno parecen estar los jóvenes que expresan su descontento por la ausencia de perspectivas de futuro; los estudiantes que denuncian la mercantilización de la educación; los trabajadores que luchan por salario digno y sobre todo, los mapuche que exigen recuperar sus tierras ancestrales. Esto último es lo que hoy nos convoca.
La expresión legal máxima de esta criminalización de las luchas del pueblo mapuche, es la reanudación de la aplicación de la Ley Antiterrorista de tiempos de Pinochet. Se está utilizando desde el 30 de octubre para enjuiciar a ciudadanos chilenos activistas de la causa mapuche, acusados de lanzar molotov a vehículos policiales, sin heridos ni daños mayores.
Actualmente hay 32 presos políticos mapuche. Todos los presos políticos mapuche que cumplen condena, ya sea por ley antiterrorista o no, lo hacen por hechos vinculados con las recuperaciones de tierras o la defensa de sus derechos. Por ejemplo, el 20 de enero de este año la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada contra Roberto Manquepi Vita, dirigente de la comunidad Trapa Trapa-Butalelbum de la comuna de Bío Bío. El recibió 5 años y un día por “robo con fuerza” pero en reallidad, el robo se refiere a su participación en la recuperación de las veranadas para su ganado en su tierra ancestral, el fundo Cochico, usurpado por colonos. El asimismo estuvo presente en las luchas territoriales del Valle del Queuco. Ahora permanece en la cárcel de Los Angeles por ese “crimen” social.
Cada vez que una comunidad se moviliza en defensa de sus derechos, la respuesta del aparato del Estado es la represión. El gobierno de la Presidenta Bachelet formuló en abril de este año una política que incluso ha llamado “Re-conocer”: Pero lo que ella escribe con una mano es borrrado por su brazo policial. Lo que pasa en territorio mapuche es inimaginable en el resto de Chile, salvo si nos remontamos a tiempos de dictadura. Nos remiten a la vida en dictadura la violencia de los allanamientos, la vigilancia y persecución, los amedrentamientos, el sufrimiento de las familias, los montajes policiales y mediáticos, las salidas clandestinas de Chile para pedir asilo en Mendoza o en Suiza,. Esto último es lo que debieron hacer este año la pequeña Relmutray Calfunao por la persecución que vive la comunidad Juan Paillalef, y el dirigente Pedro Vivanco Rebolledo, que eludió así la condena a 5 años por participar en recuperaciones de tierras en la zona del Alto Bío Bío.
Criminalizar es también asesinar impunemente a los luchadores sociales, ya que los casos pasan a la justicia militar.
Así, continúa la impunidad en los casos de Matías Catrileo, que murió por un impacto de bala de Carabineros en Vilcún el 3 de enero de este año y Johnny Cariqueo, que perdió la vida luego de ser torturado por Carabineros en Pudahuel el día 1º de abril.
Y se alargan eternamente otros juicios que pasan a la justicia militar, como es el caso de Iván Llanquileo, de la comunidad Juana Millahual, preso en la cárcel de El Manzano, Concepción.
Los medios y la criminalización
La prensa inmediatamente cataloga como “terroristas” a los detenidos mapuche y también cuelga ese cartel a los chilenos que –como la documentalista Elena Varela o los estudiantes de tercer año de antropología de la Universidad de Temuco Jonathan Vega Gajardo y Fénix Delgado Ahumada - dan su apoyo activo a las movilizaciones por tierra. Antes que los detenidos sean llevados a juicio oral, ya han sido condenados por los medios de comunicación.
En el caso de Elena Varela la inmensa mayoría de la prensa aceptó la acusación oficial sin cuestionar los hechos ni investigar lo sucedido. Sólo el espacio virtual permite difundir en este y otros casos la información de las fuentes directamente involucradas en los hechos por los que se les criminaliza.
No se contextualizan las acciones desplegadas por las comunidades y en cambio los dueños de las empresas forestales y los funcionarios de gobierno tienen asegurado un espacio para entregar su versión de las movilizaciones. Se habla del “conflicto mapuche” sin nombrar más que a una parte del conflicto, precisamente para exculpar de la violencia institucional a los otros actores involucrados. El conflicto, en todo caso es mapuche/forestales o mapuche/usurpadores, pero ello remite a la historia y no interesa a los medios.
Sin embargo la prensa nacional ha dado cabida a amplias informaciones sobre la readecuación del trabajo de la policía y los órganos de inteligencia en la región.
Fuente: Azkintuwe.org
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